En la última década, la inteligencia artificial (IA) ha experimentado un cambio muy grande e importante, transformando sectores como el de la salud, la industria financiera o la abogacía.

España, como parte integral de este cambio global, ha buscado establecer un marco legal que guíe el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, garantizando su aplicación de una manera ética y respetando los derechos individuales. A continuación, exploraremos la legalidad de la IA en España, desentrañando el marco normativo actual, los principios éticos que lo sustentan y los desafíos emergentes en esta intersección entre tecnología y derecho.

La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, destaca como un hito importante. El artículo 23 representa la primera disposición española que aborda el uso de la inteligencia artificial tanto por las Administraciones Públicas como por las empresas. La citada normativa se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de la IA de noviembre de 2020 y se alinea con lo establecido en la Carta de Derechos Digitales de julio de 2021.

Además, el Real Decreto 817/2023, de 8 de noviembre, ha establecido un entorno controlado de pruebas, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece normas armonizadas en materia de inteligencia artificial.

Otro avance muy importante es el Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto, ya que trae consigo la creación de la Agencia Española de Supervisión de IA, con sede en A Coruña.

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Sobre la Agencia Española de Supervisión de IA

Desempeña un papel fundamental en la supervisión, asesoramiento, concienciación y regulación de las prácticas relacionadas con la inteligencia artificial en España, tanto las dadas por entidades públicas como por las privadas. Además, se trata de un organismo público con funciones inspectoras y de comprobación, sanción y demás que le atribuya la normativa europea que le resulte de aplicación.

Podrá poner multas administrativas de hasta 30 millones de euros, y en el caso de que el infractor sea una empresa, de hasta el 6% del volumen de negocio total anual mundial, tal y como establece el Reglamento de Inteligencia Artificial.

Además, para las infracciones de menor gravedad como dar información inexacta, incompleta o dudosa a las autoridades, se establecen cuantías que pueden ascender hasta los 10 millones de euros, o equivalentes al 2% del volumen de negocio total anual mundial.

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Con todo lo anteriormente mencionado destacamos que la categorización clara de los sistemas de IA, con especial atención a la prohibición de usos inaceptables peligrosos y la imposición de estrictas regulaciones para aquellos de alto riesgo, establece un marco sólido para salvaguardar derechos y garantizar la transparencia. A la par, las obligaciones detalladas para los sistemas de alto riesgo buscan asegurar la responsabilidad y la trazabilidad en su desarrollo y uso.

La protección de los derechos fundamentales de los usuarios se enfatiza mediante la prohibición de prácticas invasivas y la exigencia de transparencia en la toma de decisiones de la inteligencia artificial. Además, se fomenta la innovación y la investigación ética, promoviendo la colaboración y facilitando el acceso a datos relevantes.

En conjunto, no solo se busca regular la inteligencia artificial de manera efectiva, sino que también se busca impulsar el desarrollo ético y responsable de esta tecnología. La combinación de restricciones necesarias y medidas de apoyo a la innovación refleja el compromiso de España con un enfoque integral hacia la IA que equilibra la protección de derechos con el estímulo a la investigación y desarrollo ético.